El Pacto de San José se desmorona. La protección de la Convención Americana de Derechos Humanos, esa que con entusiasmo se redactó en San José de Costa Rica en noviembre de 1969 y que adhirieron países como Argentina, Chile, El Salvador, Perú o Colombia, está en riesgo y el problema es plata. “Grave crisis financiera de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos)”, ha ventilado el propio organismo desde sus cuentas de redes institucionales, advirtiendo que por falta de recursos está a punto de perder el 40% de su personal.

Colombia, que ha sido de los grandes beneficiarios del sistema interamericano, sería así mismo de los grandes derrotados si las finanzas de la CIDH no se reponen. “Escribo con profunda tristeza, frustración e indignación (…) Tenemos las arcas absolutamente vacías” dijo en El País de España James Cavallaro. “El 1° de agosto, la CIDH podría quedarse con una plantilla de 48 funcionarios a cargo de proteger los derechos humanos de mil millones de personas que habitan este continente”, agregó.

El año pasado los países de Latinoamérica y el Caribe donaron más de US $13 millones a la Corte Penal Internacional (CPI), donde apenas hay un caso de la región y en examen preliminar. Ese caso es justamente Colombia; la CPI indaga la posible comisión de crímenes de guerra desde 2009 y de crímenes de lesa humanidad desde 2002. La CIDH, en cambio, tiene 6.188 procesos en trámite y recibió en ese mismo periodo US $199.000. Poco más del 1% de lo que recibió la CPI para 6.188% más de casos.

En capilla están en la CIDH casos fundamentales para Colombia. Está, por ejemplo, el caso de Luis Fernando Lalinde, quien fue desaparecido después de haber sido detenido en un retén militar en El Jardín (Antioquia), en 1984. La CIDH lo conoce desde los años 80, tiene la petición de admitir el proceso desde 1999 y ésta fue admitida en 2013. La familia de Lalinde pide que la CIDH le recomiende a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sancionar al Estado por no haber garantizado el derecho a la justicia. Por no haber investigado la desaparición y posterior ejecución extrajudicial de este estudiante de sociología y militante del Partido Comunista.

Entre otros de los casos que han sido admitidos por la CIDH, y que podrían verse seriamente afectados por este sacudón financiero, está el de la masacre del Salado, un corregimiento de Carmen de Bolívar (Bolívar) en el que un comando de unos 400 paramilitares irrumpió entre el 15 y el 20 de febrero de 2000 y masacró, se calcula, a unos 60 habitantes de la región. O el de Jorge Freytter, un profesor de la Universidad del Atlántico cuyo crimen en 2001 fue clave para descifrar la maraña que establecieron los paramilitares y el Gaula de la Policía en la Costa Norte.

Además están las medidas cautelares de protección. Fue la CIDH, a través de este mecanismo, que intentó proteger la vida de Jessica Ramírez, una paciente menor de edad con una condición conocida como piel de mariposa. Murió tres meses después de recibir las medidas cautelares; fue la primera colombiana en acceder a este mecanismo para abordar una enfermedad huérfana. Medidas de protección de la CIDH también recibió, por ejemplo, Carlos Mora. Se trata de un cabo del Ejército que denunció ejecuciones extrajudiciales a manos de miembros de las Fuerzas Militares.

En el continente americano, sólo México acude tanto a la CIDH como Colombia. De hecho lo hace más: hasta diciembre de 2015, a la CIDH habían llegado 849 peticiones de casos mexicanos y le seguía Colombia, con 419. De ahí seguía Argentina con 164, Perú con 159 y Brasil con 99. Colombia tiene, además, 1.888 peticiones pendientes de estudio inicial, 292 en estudio de si pueden o deben ser admitidas y 360 casos en trámite. El año pasado llegaron a esa instancia 190 peticiones de medidas cautelares; 158 en 2014; 62 en 2013.

“Creo que la sobrecarga de casos significa que el Sistema Interamericano constituye un organismo de credibilidad y de confianza para todos los habitantes del continente”, le dijo a este diario Luz Marina Monzón, quien presentó en ese escenario el caso de Jaime Garzón. “Al Sistema recurren todas las personas que consideran que el Estado les ha violado sus derechos, pero que lleguen allá no significa que ya va a ser aceptado. El desgaste en realidad son las estrategias y presiones de los gobiernos que retiran su apoyo económico. Las estrategias de debilitamiento vienen desde 2008”.

“Esta crisis es por el poco compromiso de los Estados miembros de la OEA. Eso se ve reflejado en muchos aspectos, uno de ellos es la ausencia de las cuotas y las contribuciones que deben dar. La Comisión es un organismo que funciona y está diseñado para que cuando el Estado falla, la gente no acude a ella como una segunda instancia. Acude cuando no tiene respuesta en su país, cuando es lo único que queda. Los Estados tampoco se han dado cuenta que es fundamental la defensa de los derechos humanos. Es vital que lo hagan para salir de la crisis”, expresó Federico Andreu, representante para Suramérica de la Comisión Internacional de Juristas.

*Fuente tomada del periodico El Espectador.

 

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